
En una feria interinstitucional realizada en Santa Cruz, la Contraloría General del Estado explicó sus competencias y los mecanismos de control de los recursos públicos. La iniciativa busca acercar la institución a la población, aunque plantea una pregunta de fondo: ¿cómo convertir la información sobre fiscalización en una verdadera cultura de rendición de cuentas?
SANTA CRUZ.– El control de los recursos públicos no debería ser un asunto reservado a oficinas estatales, informes técnicos o procedimientos administrativos. Su verdadero sentido está en la posibilidad de que los ciudadanos conozcan cómo se administra el dinero del Estado, quiénes toman las decisiones y qué responsabilidades asumen cuando los recursos no se utilizan correctamente.
Con esa premisa, la Contraloría General del Estado participó el 14 de noviembre en la Feria Interinstitucional del Órgano Judicial, desarrollada en instalaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), en Santa Cruz. La actividad reunió a distintas instituciones públicas con el propósito de acercar sus funciones y servicios a la ciudadanía.
Durante la jornada, servidores públicos de la Contraloría brindaron información sobre las competencias de la entidad, los alcances del control gubernamental y los mecanismos de fiscalización de los recursos estatales. También respondieron preguntas de los visitantes.
La gerente departamental de la institución en Santa Cruz, Martha Morales Baldivieso, destacó el respaldo de la contralora general interina, Sandra Quiroga Solano, a esta iniciativa y la importancia de generar espacios de interacción entre las instituciones y la sociedad.
La participación ciudadana, sin embargo, plantea un desafío que va más allá de explicar atribuciones institucionales. Conocer qué hace la Contraloría es importante, pero también lo es comprender hasta dónde llega su capacidad de fiscalización y qué ocurre cuando se identifican irregularidades en la administración pública.
En una democracia, la transparencia no puede limitarse a publicar información o participar en ferias institucionales. Requiere mecanismos efectivos de vigilancia, resultados verificables y responsabilidades cuando la gestión de los recursos públicos se aparta de la legalidad.
Por eso, el acercamiento entre las instituciones y la población adquiere relevancia cuando permite que el ciudadano deje de ser un espectador y se convierta en un actor informado sobre el destino de los recursos que financia con sus impuestos.
La feria, impulsada por el senador Erick Soruco, reunió a diferentes entidades estatales en un espacio de intercambio directo con la población. Para la Contraloría, la presencia en este tipo de actividades forma parte de su estrategia de fortalecimiento institucional y promoción del control gubernamental.
Pero la confianza pública no se construye únicamente explicando cómo funciona una institución. Se consolida cuando la ciudadanía puede conocer qué se fiscalizó, qué observaciones se encontraron y cuáles fueron las consecuencias.
La pregunta de fondo permanece: ¿está el ciudadano suficientemente informado para vigilar el uso del dinero público y exigir resultados a quienes tienen la responsabilidad de administrarlo?
Porque, al final, el control gubernamental no debería ser solamente una competencia del Estado. También debe ser una garantía para la sociedad.


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