El ocaso del gas boliviano: las reservas caen a su nivel más bajo en dos décadas.

Las reservas probadas cayeron a 2,30 TCF, su nivel más bajo en dos décadas. Detrás de la cifra hay una historia de bonanza, decisiones políticas, insuficiente exploración y un país que ahora debe preguntarse cómo reemplazará los dólares que durante años llegaron desde sus yacimientos.

Durante casi dos décadas, el gas natural fue mucho más que un recurso energético para Bolivia. Fue una fuente extraordinaria de ingresos, el combustible de la expansión del gasto público y uno de los pilares económicos que permitió al Estado financiar proyectos, sostener inversiones y alimentar sus expectativas de crecimiento.

Pero aquella bonanza tiene hoy otra dimensión: la de un recurso que se consume más rápido de lo que se repone.

La nueva certificación de reservas de hidrocarburos, presentada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), revela que Bolivia cuenta con apenas 2,30 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas de gas natural, con datos al 31 de diciembre de 2025. Es el nivel más bajo de los últimos 20 años.

La comparación resulta elocuente. En 2013, el país registraba alrededor de 10,1 TCF de reservas probadas. En 2023, la cifra había descendido a 4,5 TCF. Ahora, el nuevo informe confirma una reducción todavía más pronunciada.

El problema no está únicamente en cuánto gas queda bajo tierra. Está también en la velocidad con la que Bolivia ha perdido su capacidad de reponerlo.

El índice de reposición de reservas alcanzó 0,86 en 2025. En términos sencillos, por cada unidad de gas producida, el país incorporó apenas 0,86 unidades a sus reservas. La diferencia refleja una tendencia que se ha prolongado durante años: Bolivia extrae más de lo que consigue reponer.

La factura de una bonanza

La historia del gas boliviano también es la historia de una oportunidad económica extraordinaria.

Durante los años de mayores ingresos, las exportaciones de gas hacia Brasil y Argentina convirtieron a los hidrocarburos en una de las principales fuentes de divisas para el país. La renta petrolera permitió financiar políticas públicas y dio al Estado una capacidad de gasto que parecía difícil de cuestionar mientras los ingresos continuaban llegando.

Sin embargo, producir y exportar no es lo mismo que garantizar el futuro de una industria.

La exploración exige inversiones, tecnología, tiempo y asumir riesgos geológicos. Los resultados no aparecen de inmediato. Un país puede aumentar sus ingresos durante varios años explotando yacimientos existentes, pero si no descubre nuevos campos, tarde o temprano enfrenta el declive de su producción.

Ese es uno de los problemas estructurales que ahora reconoce la propia administración de YPFB.

Su presidente, Sebastián Daroca, informó que durante las últimas dos décadas se destinaron aproximadamente 11.000 millones de dólares a exploración y explotación de hidrocarburos. De ese monto, cerca de 7.266 millones fueron dirigidos a explotar reservas existentes, mientras que unos 3.892 millones se destinaron a exploración.

La diferencia abre una discusión inevitable sobre las prioridades de inversión de los gobiernos que administraron la bonanza.

De exportador a posible importador

El deterioro de las reservas no es una discusión exclusiva de técnicos petroleros. Tiene consecuencias que pueden alcanzar directamente a la economía de las familias.

Si la producción nacional continúa cayendo y la exploración no consigue revertir esa tendencia, Bolivia podría perder progresivamente su capacidad exportadora y enfrentar dificultades para cubrir su propia demanda.

YPFB advirtió sobre un escenario especialmente delicado hacia 2030: de mantenerse las condiciones actuales, el país podría dejar de exportar gas, destinar su producción al mercado interno y posteriormente necesitar importaciones para cubrir un eventual déficit.

Esto supone un cambio profundo para una economía que durante años recibió divisas por vender gas al exterior.

Importar lo que antes se exportaba significa una presión adicional sobre las reservas internacionales, mayores necesidades de divisas y una posible modificación de los costos energéticos. El impacto final dependerá de los precios internacionales, los contratos, las condiciones de abastecimiento y las decisiones que adopte el Gobierno.

La pregunta es inevitable: ¿cómo financiará Bolivia su economía cuando el gas deje de generar los ingresos que durante años sostuvieron buena parte de su capacidad fiscal?

Tres gobiernos y una misma responsabilidad histórica

La caída de las reservas también obliga a revisar las decisiones políticas de los últimos gobiernos.

La nacionalización de los hidrocarburos en 2006 marcó una nueva etapa en la relación entre el Estado y las empresas petroleras. Durante los años posteriores, el país obtuvo ingresos extraordinarios, pero la sostenibilidad de la producción y la inversión exploratoria quedaron como asuntos centrales para el futuro del sector.

Los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce administraron buena parte de la etapa de mayores ingresos y también del deterioro progresivo de las reservas.

La actual administración de Rodrigo Paz recibe una industria con menores volúmenes certificados y la obligación de reconstruir la confianza de los inversionistas, impulsar nuevos descubrimientos y establecer reglas que permitan recuperar la producción.

Pero responsabilizar exclusivamente al pasado tampoco resolverá el problema. El Gobierno actual deberá demostrar que tiene una estrategia capaz de transformar los anuncios de inversión en nuevos pozos, descubrimientos comerciales y producción efectiva.

El desafío de encontrar una salida

Bolivia todavía cuenta con recursos y estructuras hidrocarburíferas que pueden desarrollarse. La certificación también identifica volúmenes probables, posibles y recursos contingentes que podrían incorporarse a la producción si se cumplen las condiciones técnicas y económicas necesarias.

YPFB plantea impulsar la exploración y explotación de nuevas áreas, mientras el Gobierno busca condiciones para atraer capital privado.

El desafío será construir una política energética que sobreviva a los cambios de administración y que no dependa exclusivamente de los precios internacionales ni de la explotación de los campos descubiertos por generaciones anteriores.

El gas fue durante años la promesa de prosperidad de Bolivia. También fue una de las principales fuentes de poder económico de sus gobiernos.

Hoy, con las reservas en su nivel más bajo en dos décadas, el país enfrenta una pregunta que va más allá de las cifras: ¿qué hizo con la riqueza de la bonanza y qué economía construyó para el día después?

Porque el problema no es solamente que Bolivia tenga menos gas. El problema es que todavía no ha demostrado cómo reemplazará la riqueza que ese gas dejó de producir.